En este sentido, existen una serie de obligaciones que las ciudades deben abordar, como el mantenimiento de los cascos históricos, la protección medioambiental que en muchos casos ha sido degradada por desafortunadas intervenciones modernas, la restauración y rentabilización de gran cantidad de patrimonio edificado de carácter monumental y todos aquellos problemas que produce el hecho de enfrentar una configuración del pasado con la vida actual.
Convencidos de las grandes dificultades que supone conservar estos valores y del esfuerzo económico que exige, en el año 1993 se creó el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, una asociación sin ánimo de lucro (declarada por el Ministerio del Interior de Utilidad Pública el 28-2-2018), con la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades y en el mantenimiento y potenciación de determinadas formas de vida que estos núcleos históricos necesitan, realizando proyectos y propuestas comunes, estableciendo políticas de intercambios de experiencias, afrontando problemáticas comunes.
