Además del confinamiento nocturno, se establece la restricción de reuniones sociales y la prohibición de ir de unas comunidades autónomas a otras salvo causas justificadas como ir al trabajo o al médico. La autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma recae sobre los presidentes autonómicos, que podrán adelantar o atrasar el toque de queda una hora, pero no eliminarlo. España limita al máximo la movilidad pero no cierra las fronteras y marca excepciones para Canarias por ejemplo, una de las comunidades con mejores datos, para salvar en lo posible el turismo. El texto limita al máximo las reuniones entre los ciudadanos.
España vuelve al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del 14 de marzo que lo decretó para frenar la primera ola de la pandemia. Y lo hará esta vez por mucho tiempo si se cumplen los planes del Gobierno. Entonces fue la segunda vez en democracia que se empleaba este instrumento extraordinario, previsto en el artículo 116 de la Constitución. Ahora es la cuarta, ya que también se ha utilizado de forma puntual para poder cerrar Madrid. Sin embargo, este estado de alarma no será como el de marzo, sino más suave, y con la intención de que el Congreso lo prorrogue durante seis meses, hasta el próximo mes de abril.
Otra diferencia con el de marzo es que el Gobierno plantea directamente en su decreto un estado de alarma largo, de varios meses. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha planteado llevar el toque de queda hasta el 9 de diciembre. El Gobierno solo puede aprobarlo de momento por 15 días, pero en el texto del decreto ya se incluye la necesidad de prorrogarlo en el Congreso por un periodo largo. El Ejecutivo no quiere repetir el infierno parlamentario de mayo, con agónicas votaciones cada dos semanas, así que esta vez plantea una prórroga larga de una vez y confía en tener apoyo parlamentario suficiente para que España sea como Italia o Francia, dos países donde nadie discute sobre el instrumento jurídico porque está aprobado para varios meses. En Italia está en vigor desde el inicio de la pandemia y se ha renovado dos veces sin problemas.
El Gobierno ha pensado en un estado de alarma diferente también en lo jurídico. El Gobierno ha trabajado para que la autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma y poner en marcha el confinamiento nocturno recaiga esta vez en los presidentes autonómicos, que así lo han reclamado en varios casos. Así se dará margen a las autonomías para tomar sus propias decisiones y se respetará el principio político, acordado en junio, de que son ellas las que gestionan el grueso de la crisis a partir de la desescalada de la primera ola.
El Gobierno no debería tener problemas en la votación para la prórroga en el Congreso, dentro de dos semanas; Ciudadanos ya le ha ofrecido sus votos; el PNV estará de acuerdo porque fue el País Vasco la primera comunidad que pidió el viernes el estado de alarma –con la autoridad delegada para el lehendakari, eso sí–; y Cataluña también lo ha solicitado, por lo que debería tener los votos de ERC y JxCAT. Sin embargo, el Gobierno insiste mucho en lograr el apoyo del PP, que gobierna en cinco autonomías, entre ellas Madrid: la que más reticente se ha mostrado a aplicar de nuevo un estado de alarma.
El Gobierno no tiene ninguna intención de volver al confinamiento total de marzo y la paralización económica casi absoluta. Pero sí cree, como la gran mayoría de las autonomías, que un confinamiento nocturno -que implica impedir la movilidad a partir de una cierta hora de la noche salvo casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios. Más del 30% de ellos se están produciendo en reuniones sociales en casas. Todos los gobiernos autonómicos están detectando que el cierre de los bares a una hora no es suficiente, porque muchas personas, en especial los más jóvenes pero no solo, siguen las reuniones en las casas hasta altas horas. Un contacto prolongado en espacios cerrados y sin ventilación aumenta exponencialmente el riesgo de contagio. Por eso casi la mayoría de los gobiernos están de acuerdo en tener un instrumento que permita a la policía vigilar las calles de noche y complicar así mucho esas reuniones. El control casa por casa es mucho más complicado, así que la fórmula de controlar el movimiento en las calles está asumida como más eficaz. El confinamiento total no está encima de la mesa de momento, y de hecho este estado de alarma se plantea para evitar llegar a esa situación extrema con el destrozo evidente que provoca.
Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular se han resistido hasta ahora a dar un apoyo explícito al estado de alarma. Dos socialistas (Aragón y Canarias) no lo han solicitado, pero lo respaldan. Las 10 restantes (País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares) lo han solicitado por escrito entre el viernes y este sábado. Las hay con Gobiernos socialistas, regionalistas, nacionalistas y de Ciudadanos, en el caso de Melilla, que también han pedido oficialmente esta norma constitucional para limitar derechos y contener el virus.
El Gobierno tenía pensado aprobar este estado de alarma en el Consejo de Ministros ordinario del martes, después de madurarlo políticamente con las autonomías, que el jueves discutieron ampliamente sobre este asunto en la reunión de la interterritorial de sanidad, con todos los consejeros presentes. Pero la decisión se ha precipitado a este domingo, antes incluso de la conferencia de presidentes de mañana, por la petición en cascada de varias comunidades autónomas el viernes.
La primera fue el País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dio un paso adelante después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbara restricciones a reuniones sociales que quería imponer en la comunidad. Detrás de Euskadi fueron todas las demas. El único problema político real es Madrid, porque según varios consejeros las demás autonomías, incluso las del PP, se mostraron en el interterritorial favorables al confinamiento nocturno y tampoco rechazaron abiertamente el estado de alarma. Si se aplica el baremo aprobado en el interterritorial a los datos promedios de las comunidades autónomas, siete comunidades habrían superado ya el umbral de alerta máxima: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.
